Revista Detengannos! Noviembre - Nº36

Voz, verdad, política

Sobre la ley de Servicios de Comunicación AudiovisualDicen que para muestra sobra un botón. Pues bien, vaya entonces un botón de muestra de lo que es la Ley de Radiodifusión de la dictadura: según la norma, vigente al día de hoy, la autoridad gubernamental que debe regular la actividad y el direccionamiento de los medios masivos de comunicación está integrada por 5 miembros: uno por cada una de las fuerzas armadas, un representante de los empresarios y otro nombrado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Debe quedar más que claro que este hecho resume el espíritu que domina toda la ley, al igual que aquellos que prohíben la participación del Estado en la comunicación y la de los medios sin fines de lucro (como las cooperativas). Si bien algunos de estos puntos fueron parcialmente modificados durante este último tiempo, es imprescindible tener en cuenta que la ley actual busca explícitamente el control estatal, la imposición de valores “occidentales y cristianos”, la concentración de los medios y una concepción meramente comercial de la comunicación.Lo anterior justifica, por sí, la necesidad imperiosa de una nueva ley. Que se adecue a los principios de una sociedad democrática. Que reconozca que el Estado debe tener un rol fundamental en la regulación, para impedir el avance desmedido de unos por sobre otros, así como para asegurar el acceso a la información a aquellos a quienes las empresas abandonan porque no les resulta rentable proveerles su servicio. Que favorezca el acceso a las licencias a quienes hacen de los medios una herramienta para transmitir sus ideas y no para obtener ganancias, como por ejemplo las cooperativas, las universidades, los sindicatos, los pueblos originarios, etc. Que, finalmente, en un mundo cada vez más marcado por la influencia incontenible de los medios masivos de la comunicación, conciba a la información como un derecho y no como una mercancía, derecho que para que sea cumplido de manera real debe estar garantizado por una pluralidad de voces… pluralidad que hoy no existe.Hay en todo este asunto una verdad tan evidente como ocultada: democratizar el acceso a la información implica avanzar sobre la posición privilegiada de quienes hasta hoy han gozado del esquema de concentración, constituyendo así un poder no-institucional que, en muchas ocasiones, hasta se ha llevado puesta la institucionalidad misma. Es esta verdad justamente la que explica el silencio con que se ha condenado desde los medios masivos algunas otras verdades, así como la amplificación que han tenido tantas mentiras infames.Resulta tragicómico escuchar que esta es una ley que nace de la vocación totalitaria del gobierno. No interesa aquí discutir si existe tal vocación; pero es necesario decir que el proyecto de ley se basa en los puntos desarrollados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un colectivo heterogéneo, respetado y citado por todas las fuerzas políticas, que desde hace cinco años viene trabajando este tema y logró 21 puntos de consenso que han sido tomados casi en su totalidad por la propuesta oficial. También es dramático y gracioso ver a los opositores denostar la ley invocando los “21 puntos” mientras aquellos que los redactaron les pedían por favor que apoyaran la iniciativa.Indigna escuchar que esta ley no ha sido discutida, cuando –además de los años de trabajo de la Coalición- el proyecto de ley recorrió el país y se debatió en decenas de foros en donde participaron académicos, trabajadores, sindicatos, ong’s, partidos políticos, medios comunitarios, pueblos originarios y todo aquel que estuvo interesado en el tema. Quienes sostienen que estos foros no son representativos (o que han sido todos comprados por el oficialismo) transpiran el sudor rancio de la soberbia iluminista, tan propia del siglo XIX, y manifiestan un desprecio tan furioso por la inteligencia del pueblo que no merecen ni siquiera respeto.Se nos miente cuando se afirma que la ley promueve la concentración totalitaria de los medios en poder del Estado. La nueva autoridad de aplicación será un órgano plural, con participación de las fuerzas políticas opositoras. Algunos plantean que la mayoría de la fuerza oficialista es un sesgo autoritario, como si no fuera el poder ejecutivo el que debe fijar las políticas que regulan un tema tan importante. ¿Deberían acaso conducirlo las fuerzas opositoras, que por definición, representan a una porción minoritaria de la sociedad? ¿No es esto acaso otro insulto a los mecanismos democráticos? La presencia de opositores en el órgano ejecutivo no está pensada para que sean éstos quienes le fijen el rumbo, sino para que ninguna decisión pueda ser tomada en la penumbra de la impunidad. Pero si eso resultara insuficiente como mecanismo de control, se crea también un amplio consejo asesor, con funciones importantísimas como realizar los pliegos de licitación de licencias y elegir a los jurados. Y si ello no alcanzara, se crea también una comisión bicameral de seguimiento. Y se instituye el “defensor del público”.¿Cuántos más controles se le puede pedir a una ley? ¿O será que la oposición le pide a una ley que sea más que la ley misma, que garantice aquello que no puede garantizar jamás, que deje de ser ley para ser realidad efectiva? Se y nos engañan quienes se oponen con estos argumentos. Una ley, por definición, no puede evitar jamás que alguien haga un uso indebido de ella; por algo existe el refrán que reza “hecha la ley, hecha la trampa”. De lo que se trata es de que la ley fije los mecanismos de control y los derechos para que luego éstos puedan ser demandados y protegidos en caso de una violación.En otras palabras, no se le puede pedir a una ley que haga lo que debe hacer la política.Y llegados a este punto, entonces, es necesario señalar –con preocupación- que muchas fuerzas políticas están usando argumentos para oponerse a la ley que atentan contra la política misma. Y este es un pecado imperdonable cuando lo cometen quienes hacen política, porque cuando muere la política festejan las corporaciones dominantes y se fija por decreto la impunidad.Ahora bien, si este pecado es nefasto en sí, cuando lo cometen sectores “progresistas” o de izquierda se vuelve execrable.Esta es una oportunidad histórica no sólo para tener una nueva y mejor ley de servicios de comunicación audiovisual, sino para que el campo popular consolide una victoria política enorme y un avance sin precedentes en términos de acumulación de capacidades, de experiencia y de posibilidades.Quienes se paralizan frente al miedo de que un gobierno –este o cualquier otro- pueda utilizar esta ley en beneficio propio, ignoran que esta ley es el resultado de años de lucha de compañeros y compañeras y que, afianzarlo, implica un triunfo valioso. Reconocer este hecho no quiere decir renunciar a ideas, casarse con el partido de gobierno o pretender que hemos llegado al límite de nuestras posibilidades.Por el contrario, supone que hemos dado apenas un paso más en un camino de lucha que sigue siendo largo y cuesta arriba, pero un paso que nos posiciona mejor para encarar nuevas batallas, que nos permite unirnos y articular mejor nuestros esfuerzos, que nos anima a proponernos como impulsores de una transformación que trasciende a las personas u organizaciones que circunstancialmente se encuentran a favor o en contra.El avance es parcial, es cierto; tan cierto como que renunciar a las mejoras por aspirar a la totalidad implica la más absoluta parálisis. Y parálisis es antónimo de política, que por definición es movimiento y cambio; “Un ánimo que aspira a la totalidad está muerto aunque pretenda ser bello”, escribió Hegel alguna vez.Por eso, avancemos, cambiemos, transformemos. Construyámonos como actor, construyamos un nuevo sentido común, construyamos una nueva realidad. Y no dudemos que, aun con limitaciones, esta nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso en ese sentido.

Miguel Martínez
Sec. Gral. del Centro Socialista "Alfredo Bravo" de Morón
Asesor del Diputado Ariel Basteiro
Lic. en Ciencias Políticas en la UBA