Sale en las noticias, escuchamos supuestos periodistas comentando lo sucedido agregando con previo juicio “supuestamente era menor de edad” sin fuentes exactas. A diario sobre menores que comenten actos delictivos, que aturden en vez de informar para, y de ese modo, los especialistas del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.
Los medios, sobre todo, han aportado mucho a que esta “nueva derecha” (que no es más de la misma con distinto eslogan), con el objetivo del cambio hacia un Régimen Penal Juvenil al avance correctivo de la baja de edad de imputabilidad. Es hipócrita, aún sabiendo que el sistema penal, desde todas y cada una de sus agencias, policía-justicia-ministerio público e instituciones de encierro, afirmen que respetan los derechos fundamentales y otorguen las debidas garantías a quienes ingresan a las mismas; sólo bastaría recorrer cada comisaría, fiscalías, institutos, etc. para poder demostrar si es que se cumplen dichas garantías y derechos. Por que, bien podemos citar a la abogada defensora Abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María Caramen Vardú, explica que está demostrado que en Argentina no hay actividad delictiva –desde el crimen organizado hasta el raterismo– que no presente algún punto de conexión con el sistema represivo del Estado. Enormes cantidades de hechos relacionados con la inseguridad, cada vez más personalizada en las figuras de los jóvenes, tienen que ver con zonas liberadas por la policía, y hasta incluso tienen como protagonistas a miembros de esa fuerza. Los ‘escuadrones de la muerte’ matan sólo a los chicos que no roban para ellos. O sea que mientras generan el delito, atacan y castigan al más pequeño eslabón. El sistema penal actual afecta a todos los chicos ya que lo último que hace es proteger sus derechos, y menos de los chicos pobres. Los chicos de familias de más recursos tienen un excelente abogado y, en caso de internación, terminan en una clínica privada donde los tratan mejor que en su casa. El problema es de los menores pobres y la solución para eso está en la modificación del esquema social.
Pero es este sistema penal que ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, ejerciendo la direccionada persecución penal de aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar fuera del mercado, en nuestros tiempos, las claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes producto de las políticas neoliberales que llevan más de 20 años de desarrollo, que tendrá como consecuencias (entre otras) más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza, de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se cumplan una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.
Esta discusión no se escucha en la agenda de los medios, el Estado se lava las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son íntimos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o algún escuadrón urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su barbarie, con el aval de una calase media asustada que en definitiva, soladamente puede decir estupideces y reclamar soluciones inmediatas, individualistas sin un análisis y menos que este trate de integrar a los que menos tienen.. Completando con la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la abundancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, provocar más recelo entre quienes no pueden “pertenecer” a este sistema el mismo que los dejó mirando desde afuera.
Para terminar, oponiendo a los palabrerios de la derecha, debemos re-veer el tema cuidadosamente pero en sí entender que no resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son vergonzosos a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal que sólo acaba en el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que vayan hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan. Es vital para que brinden más oportunidad y más INCLUSIÓN.
Los medios, sobre todo, han aportado mucho a que esta “nueva derecha” (que no es más de la misma con distinto eslogan), con el objetivo del cambio hacia un Régimen Penal Juvenil al avance correctivo de la baja de edad de imputabilidad. Es hipócrita, aún sabiendo que el sistema penal, desde todas y cada una de sus agencias, policía-justicia-ministerio público e instituciones de encierro, afirmen que respetan los derechos fundamentales y otorguen las debidas garantías a quienes ingresan a las mismas; sólo bastaría recorrer cada comisaría, fiscalías, institutos, etc. para poder demostrar si es que se cumplen dichas garantías y derechos. Por que, bien podemos citar a la abogada defensora Abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María Caramen Vardú, explica que está demostrado que en Argentina no hay actividad delictiva –desde el crimen organizado hasta el raterismo– que no presente algún punto de conexión con el sistema represivo del Estado. Enormes cantidades de hechos relacionados con la inseguridad, cada vez más personalizada en las figuras de los jóvenes, tienen que ver con zonas liberadas por la policía, y hasta incluso tienen como protagonistas a miembros de esa fuerza. Los ‘escuadrones de la muerte’ matan sólo a los chicos que no roban para ellos. O sea que mientras generan el delito, atacan y castigan al más pequeño eslabón. El sistema penal actual afecta a todos los chicos ya que lo último que hace es proteger sus derechos, y menos de los chicos pobres. Los chicos de familias de más recursos tienen un excelente abogado y, en caso de internación, terminan en una clínica privada donde los tratan mejor que en su casa. El problema es de los menores pobres y la solución para eso está en la modificación del esquema social.
Pero es este sistema penal que ha respondido, responde y responderá a las exigencias de una política penal y criminal que el orden social dominante demanda para gobernar el malestar social, ejerciendo la direccionada persecución penal de aquellos que el propio sistema capitalista ha decidido expulsar fuera del mercado, en nuestros tiempos, las claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes producto de las políticas neoliberales que llevan más de 20 años de desarrollo, que tendrá como consecuencias (entre otras) más del 49% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años bajo la Línea de Pobreza, de los cuales el 20%, están bajo la línea de la indigencia, se pueda siquiera considerar que las garantías y el respeto a sus derechos recién se cumplan una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.
Esta discusión no se escucha en la agenda de los medios, el Estado se lava las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son íntimos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o algún escuadrón urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su barbarie, con el aval de una calase media asustada que en definitiva, soladamente puede decir estupideces y reclamar soluciones inmediatas, individualistas sin un análisis y menos que este trate de integrar a los que menos tienen.. Completando con la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la abundancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, provocar más recelo entre quienes no pueden “pertenecer” a este sistema el mismo que los dejó mirando desde afuera.
Para terminar, oponiendo a los palabrerios de la derecha, debemos re-veer el tema cuidadosamente pero en sí entender que no resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son vergonzosos a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal que sólo acaba en el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que vayan hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan. Es vital para que brinden más oportunidad y más INCLUSIÓN.
Juventud Socialista de Morón.
Fuente: Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y Grupo De Estudios sobre Sistema Penal Y Derechos Humanos (GESPyDH)
